Sí al desarme y la reincorporación
Uno de los objetivos centrales del proceso de paz entre el Gobierno y la insurgencia de las Farc fue transformar la forma de impactar en la toma de decisiones políticas. Y, en ese camino, erradicar la violencia de la política. Para esto eran necesarias dos cosas: por un lado, que las Farc dejaran las armas y se comprometieran a no volverlas a usar; y, por el otro, modificar el sistema político que limita formas de expresión y participación de distintos sectores de la sociedad.
Si bien estos dos pasos pueden verse como una transacción entre los dos bandos enfrentados. La verdad es que el resultado de la implementación de estas dos medidas deja una sola ganadora: la democracia colombiana.
Si los acuerdos se cumplen, no solo podremos como ciudadanos, movimientos y partidos acceder a los mecanismos existentes de participación política sin tener la amenaza de la violencia, sino que en virtud del acuerdo se abrirán más escenarios de participación, especialmente para un sector de Colombia que ha estado históricamente sub-representado.
Como parte de estos nuevos actores políticos estará el partido o movimiento de las Farc, pues de eso se trata el intercambio de las “armas por los votos”. Pero para que esto ocurra primero deben pasar, como colectividad y como individuos, por un proceso de transición en donde dejen el pasado armado atrás y se formen como ciudadanos y actores sociales y políticos.
Esto acarrea transformaciones muy importantes y difíciles pues se trata de una guerra muy larga. Muchos de los integrantes de la guerrilla, por ejemplo, llevan tanto tiempo (y desde tan temprana edad) en las filas que desconocen la vida fuera del régimen militar al que estuvieron acostumbrados. Por eso, el punto de finalización del conflicto se refiere a los procesos que se surtirán para que este tránsito sea eficaz y verificable.
La palabra clave aquí es la de proceso. En el ideario social muchas veces términos como desmovilización, desarme, reinserción o incluso paz son pensados como momentos o eventos que ocurren en un día determinado. Pero en realidad, cuando hablamos de estos temas nos estamos refiriendo a difíciles y a veces largos procesos técnicos, sociales y, sobre todo, humanos.
Los expertos denominan al conjunto de procesos para alcanzar estos objetivos como el proceso de DDR, es decir, Desarme, Desmovilización y Reintegración. Cada uno está compuesto por distintos sub procesos.
El acuerdo final alcanzado por las partes se refiere en distintos apartados a estos procesos, especialmente en los puntos 3 y 6, que tratan de fin del conflicto y de verificación y seguimiento.
El primer paso para que esta transformación ocurra será, después del cese al fuego, la concentración de las Farc en unas zonas que el acuerdo denomina Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Estas zonas son cruciales para muchos propósitos: tener certeza que miembros de las Farc no estarán en otros lugares delinquiendo, para hacer más fácil el proceso de dejación de armas, para hacer un censo de los miembros del grupo, para permitir una transición escalonada entre la guerra y el monte y la vida civil en democracia, para proteger a los propios miembros de las Farc de ser atacados, entre otras.
Algunas personas han dicho que estas zonas se convertirán en otro “Caguán”, en referencia a la zona de distensión para la negociación que autorizó en su momento el entonces presidente Andrés Pastrana. Pero este temor es infundado por varias razones. En primer lugar, las zonas son geográficamente acotadas (límites veredales) y no es una extensión amplia e interconectada como fue en su momento la zona de distensión. En segundo lugar, existe una duración específica de las zonas, durante la que existen obligaciones específicas de las Farc de desarrollar determinadas tareas para propiciar la transición. Tercero, existe verificación internacional y un mecanismo de seguimiento acordado por las partes. Cuarto, existe la prohibición de que en donde se fijen campamentos exista contacto con la población civil. Y, quinto, las autoridades civiles colombianas podrán entrar a dichas zonas.
Durante este lapso y mientras en paralelo se va dando cumplimiento a otros asuntos indispensables como la refrendación ciudadana del acuerdo, la instalación de la Jurisdicción Especial para Paz, entre otros, iniciará el proceso de dejación de armas. Este es un proceso tanto técnico como político que requiere de distintos pasos que eviten los múltiples desincentivos que existen para la entrega completa y adecuada de las armas. Para ello las partes han planeado un cronograma preciso de actividades escalonadas que terminarán con la entrega total de las armas por parte de las Farc y su destrucción final. Muchas de ellas serán finalmente fundidas para hacer monumentos que contribuyan a la memoria histórica sobre el conflicto.
Pero ¿Por qué las Farc no pueden dejar las armas en una fecha determinada y anterior a la votación del plebiscito? En primer lugar, por una imposibilidad técnica. Desarmar a un ejército tan antiguo y tan grande requiere de una serie de actividades que van más allá de dejar unas armas sobre una mesa como hemos visto en los videos. Se requiere, por ejemplo, de investigación de los arsenales, de identificación de las armas para establecer su procedencia y así asegurar que no tendrán otros destinos futuros, se requiere del transporte de elementos explosivos que deben ser tratados con determinados protocolos de seguridad, entre otras.
Por otro lado, el proceso de desarme es a su vez un proceso político de construcción de confianza. Para un combatiente, su seguro de vida es su arma. Por eso, desprenderse de ella requiere de procesos. Sin que exista certeza de que el acuerdo será refrendado es prácticamente imposible generar confianza absoluta para la entrega total.
Esto no es una excentricidad colombiana o un capricho de las Farc. Los expertos de Naciones Unidas que han participado en este tipo de procesos en el mundo han visto la necesidad de combinar estos procesos y han hecho recomendaciones de seguridad y progresividad de las medidas que fueron adoptadas en el acuerdo. Por ejemplo, tener un cronograma especifico, tener verificación internacional, contar con armerillos de seguridad para el depósito de las armas, etc.
En paralelo, y a partir de una ley que tramitará el Congreso de la República, los miembros de la guerrilla que se encuentran detenidos en las cárceles colombianas serán liberados para que integren estas zonas. No todos ellos están en las mismas condiciones y, por eso, su tratamiento será distinto. En primer lugar, los guerrilleros detenidos se dividen en dos grupos: los que ya han sido condenados y los que están detenidos pero que todavía siguen bajo investigación. A los primeros, en caso de que los delitos no sean considerados como los más graves serán indultados, es decir, se les eximirá de seguir pagando la pena de prisión. A los otros se les dictará una amnistía, siempre y cuando no sea por delitos graves. Es decir, no se continuará su proceso.
En segundo lugar, es necesario aclarar la extensión de las amnistías e indultos dependiendo de la gravedad del delito. El acuerdo es enfático en señalar que todas las personas (incluyendo guerrilleros, agentes del estado o terceros) que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no podrán ser beneficiarios de amnistía o indulto por estos crímenes. Pero sí podrán serlo por los delitos políticos y sus conexos. Esto lo determinará la Jurisdicción Especial para la Paz. Por tanto, los guerrilleros que salgan libres no quiere decir que su rendición de cuentas, tanto ante la justicia como ante la Comisión de la Verdad ha terminado. Deberán si así lo consideran dichos organismos presentarse ante tales instancias y eventualmente podrían ser sancionados dentro del esquema de esta jurisdicción.
Un modelo equivalente y equitativo se surtirá para los miembros de la fuerza pública que en la actualidad se encuentran detenidos (investigados o condenados ya) por delitos relacionados con el conflicto. Dicho tratamiento podrá dar lugar a la excarcelación (cuando se trate de sentencias o investigaciones que no involucren los delitos graves arriba mencionados) o su traslado a guarniciones militares y policiales (cuando se involucren los delitos por los cuales no pueden ser amnistiados).
Después de la fase inicial que internacionalmente se denomina como “normalización” viene una etapa más larga y más difícil que es la verdadera reincorporación a la vida civil y política de quienes estuvieron en la guerra. Aquí es necesario tener en cuenta que un verdadero proceso de reconciliación requiere que la sociedad acoja a los ex combatientes, una vez hayan realizado sus procesos de rendición de cuentas y satisfacción de derechos de las víctimas, como miembros de una sola comunidad humana y política. Estos procesos no son fáciles y por eso el estado debe tener una estrategia precisa y con la capacidad y recursos suficiente para echarla a andar.
En virtud de ello, los acuerdos plantean que el Estado se compromete a dos cosas: por un lado, a promover la reintegración individual y colectiva de los excombatientes con distintos apoyos, incluyendo económicos; y por otro lado, a promover las condiciones para que el partido político de las Farc pueda participar en el debate democrático y la contienda electoral.
En materia de beneficios económicos, el acuerdo plantea tres tipos: 1) una asignación mensual por persona mientras permanecen en las zonas veredales correspondiente a 90% del salario mínimo; 2) un pago por única vez de dos millones de pesos destinado para que compren implementos propios de la vida civil una vez termine este periodo (como ropa, utensilios básicos) y 3) un apoyo para un proyecto productivo personal o colectivo de 8 millones de pesos.
¿Esto quiere decir que se les va a pagar la desmovilización?¿Es ética y jurídicamente aceptable que una sociedad con altos grados de pobreza y victimización invierta un solo centavo en el futuro de quienes contribuyeron con esa pobreza y esa victimización?
Por indignante que parece la pregunta, es posible defender una respuesta afirmativa a partir de dos tipos de argumentos. Los primeros son de orden humanitario. Un esfuerzo social de inversión que represente salvar vidas y evitar tragedias me parece moralmente aceptable. Sobre todo, cuando esa inversión reemplaza fondos públicos que tradicionalmente han ido a la guerra.
En segundo lugar, es necesario ver que la gran mayoría de los destinatarios no son otros que jóvenes de la Colombia profunda, olvidada y pobre, que fueron atrapados en esta guerra, algunos de ellos desde una temprana infancia. La indignación generalizada que resulta frente a los líderes de la guerrilla no debería dejar que nos llevemos por delante a un grupo de personas que, cuando dejen las armas, podrán ser más vulnerables que cualquiera. Nuestra historia lo ha demostrado.
Los otros argumentos son de orden pragmático, es decir, si sale a cuenta lo que se invierte con lo que se gana. El reto con las Farc no es distinto a los que ha vivido el mundo y los que hemos tenido en el pasado: que quienes salgan de este ejército transiten a la civilidad y no reciclen violencias. Si estas personas lo único que encuentran es rechazo, desprotección y amenaza de la sociedad que debería recibirlos, lo más probable es que usarán sus conocimientos y experiencia para ponerlos a las órdenes de quien mejores condiciones les ofrezca. Es más práctico y barato integrarlos ahora que vienen de un grupo con cierta formación política que en un posible futuro de delincuencia ordinaria motivada solo por el dinero. Por eso es igualmente necesario fortalecer las posibilidades de que transiten a la política a partir de un partido que sea viable.
Por otro lado, a pesar de que la magnitud de los números asusta e indigna. Nada de esto es nuevo. Como sociedad hemos pagado con nuestros impuestos otros procesos de desmovilización, antiguos y vigentes, incluso otorgando montos superiores por persona, como lo ha hecho la política de desmovilización de paramilitares y guerrilleros durante la última década.
De manera similar, de larga data fondos públicos han subvencionado partidos y campañas políticas, incluyendo las de partidos que nos llevaron a cruentas guerras, como la denominada época de La Violencia, o de aquellos en cuyas filas militaron personas condenadas por aliarse con paramilitares.
Nada de eso es nuevo, revolucionario o, incuso, distinto. Lo nuevo, y que podría tener un carácter revolucionario si nos comprometemos con su construcción, es la esperanza de paz que hoy tenemos.
Finalmente, para garantizar que esto se cumpla, el acuerdo establece varias instancias de coordinación, de solución de controversias y una verificación internacional técnica e independiente a cargo de una misión de la Asamblea de las Naciones Unidas.
