Sí a una mejor política de drogas
Nuestro país ha sido uno de los más insistentes en librar una guerra contra las drogas ilícitas. Sin embargo, en esta guerra la cura ha salido más cara que la enfermedad. Tanto en la producción, como en el tráfico y el consumo, la política de drogas se ha enfocado en afectar desproporcionadamente a quienes desempeñan los roles marginales, aumentando el grado de vulnerabilidad económica y social de diversos sectores de la población (mujeres, jóvenes y comunidades rurales).
En las últimas décadas se han desplegado estrategias con alto componente militar, y en muchos casos de erradicación forzada, que han dañado la confianza de los campesinos hacia el Estado.
Durante los últimos 15 años, el Estado colombiano ha asperjado con glifosato más de 1.8 millones de hectáreas, deteriorando la relación con comunidades rurales que en medio de las condiciones de precariedad económica han encontrado en el cultivo de la hoja de coca y el procesamiento de la pasta base de coca una fuente de ingresos. No obstante, el número de hectáreas no se ha disminuido drásticamente y Colombia sigue siendo hoy el primer productor de hoja de coca. Durante el 2015 más de 96 mil hectáreas (lo que representa el 0.1% del total de tierra cultivable en Colombia) presentaron cultivo del arbusto de coca, 6.214 ha. se ubicaron en áreas protegidas (Parques Naturales y territorios colectivos) aumentando los daños ambientales que genera la extensión de la frontera agraria que se impulsa en la búsqueda de nuevas zonas para el cultivo ilícito (1).
En la actualidad más de 65 mil familias viven del cultivo de la hoja de coca, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca. Las fumigaciones no sólo han afectado los cultivos ilícitos, también los cultivos de pan coger de las comunidades rurales que se ubican en cercanías de la plantación de coca.
Los costos en vidas de esta estrategia fallida son altísimos. Desde 1994 la lucha contra las drogas en el país ha dejado más de 76 mil personas asesinadas. Entre esa cifra se cuentan 1.787 policías y 1.500 militares colombianos muertos en las operaciones contra los diferentes grupos armados.
El encarcelamiento por el delito de drogas también ha generado costos económicos e impactos negativos sobre la vida de las personas. Durante el año 2015 el Gobierno gastó más de 341 mil millones de pesos en el mantenimiento de las 24.374 personas sindicadas o condenadas por delitos relacionadas con drogas (2).El 78% de la población recluida en centros carcelarios lo está sólo por un delito de drogasno por pertenecer a alguna organización criminal (generalmente pequeños traficantes, correos humanos o consumidores), lo que plantea dudas de si la estrategia de encarcelamiento que ha ejecutado el Gobierno tiene efectos sobre la seguridad pública y el debilitamiento de los grandes carteles de la droga en Colombia.
La política de drogas se ha centrado en atender los desafíos de seguridad (sin haberlos abordado de una manera integral), dejando de lado las dimensiones del consumo. De acuerdo con la última encuesta de consumo, realizada por el Ministerio de Salud, la edad de inicio del consumo de drogas ha ido bajando constantemente y hoy está en 14 años en promedio. Las personas que tienen consumos problemáticos no tienen acceso a tratamiento de calidad, actualmente se estima que de las más de 300,000 personas con necesidad el Estado sólo puede atender 300 (una de cada mil). Y esto es reflejo del enfoque que hasta el momento ha tenido la política de drogas, donde se ha privilegiado el gasto público en reducción de la oferta (60%) mientras que la reducción de la demanda sólo alcanza el 4,1% del total de inversiones públicas.
Decirle sí al acuerdo sobre la solución a los problemas derivados de las drogas ilícitas es decirle sí a un cambio de enfoque, no sólo en materia de cultivos ilícitos, sino en materia de persecución inteligente del delito, prevención de los usos problemáticos de las sustancias y replanteamiento de la política de drogas en términos generales.
El acuerdo tiene tres componentes, abordando las dimensiones de producción, consumo, y tráfico de drogas.
1. En materia de producción, crea un programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Allí lo fundamental es que se privilegia a la comunidad como el actor principal de los procesos de desarrollo social y agrario en las regiones donde subsisten. Y los esfuerzos de sustitución se acompañan con un ambicioso programa de desarrollo rural para que los campesinos tengan alternativas legales. Así las cosas, se pactó que los campesinos erradiquen de manera voluntaria sus cultivos, con apoyo del Gobierno en el periodo de transición mientras la alternativa productiva prospera. Las FARC se comprometen a facilitar y apoyar los programas de sustitución.
¿Por qué el énfasis en la comunidad y en la participación? Por dos motivos. El primero es que se reconoce que el abandono estatal ha sido causante de la necesidad de los campesinos de optar por cultivos ilícitos, en territorios donde no existen suficientes carreteras, o servicios sociales como escuelas y hospitales. De este reconocimiento se desprende el imperativo de incluir a las comunidades en los procesos y proyectos de transición, como protagonistas de la transformación de los territorios. El segundo motivo es histórico. Por muchos años las políticas represivas se han impuesto sobre las comunidades, mientras que las promesas son incumplidas. La participación activa de la comunidad en el diseño e implementación de programas de sustitución de cultivos ilícitos, permitirá empezar a reconstruir la confianza entre los pobladores y el gobierno, así como escoger las alternativas que sean más viables según cada contexto y necesidades.
2. En materia de consumo, el acuerdo se concentra en abordar el problema desde la salud pública. Esto es una novedad, pues abre la posibilidad de cambiar la respuesta estatal a las personas que tienen problemas con el consumo de drogas, y permite pensar en mejores formas de dar solución a los riesgos y daños del consumo. En lugar de perseguir a aquellos que consumen, que se ha comprobado no soluciona el problema del consumo y en cambio crea nuevos problemas, define que el Estado debe re orientarse hacia prevenir el consumo, y dar tratamiento médico a quienes sufren de problemas de drogo dependencia.
Dar el sí a estos acuerdos permitirá orientar la política de drogas en el bienestar del ser humano. Los contenidos del acuerdo nos permiten pensar en nuevos modelos de regulación, en los usos medicinales de las plantas, en reconocer que el consumo no debe ser un delito, y en respetar los derechos fundamentales de quienes consumen drogas.
3. En cuanto al tráfico, el largo trecho de la cadena en el que se ha concentrado mayor corrupción y violencia, el acuerdo dice que se deben re orientar los esfuerzos hacia aquellos actores que tienen mayor poder, a las grandes estructuras criminales que controlan el tráfico de drogas, y lavan sus activos en negocios legales, permeando la economía nacional y la política con recursos ilícitos. El acuerdo contempla medidas para golpear a estos grupos y sus aliados de forma efectiva.
Entonces, por qué decirle Sí a la paz, a este acuerdo sobre drogas:
Porque abre la posibilidad de mejorar la calidad de vida de miles de colombianos que hoy están inmersos en cultivos de uso ilícito y quieren transitar hacia la legalidad.
Porque permite tratar de manera más humana y compasiva a quienes tienen problemas con el uso de drogas.
Porque, reconociendo lo nocivo que ha sido el narcotráfico para nuestra democracia y estabilidad institucional, enfoca los esfuerzos en golpear las estructuras criminales que manejan el tráfico nacional e internacional de drogas.
Porque las FARC salen de la cadena del narcotráfico y sus integrantes se comprometen a apoyar el tránsito a economías legales.
Porque da la oportunidad de revisar la guerra de drogas, evaluar su eficacia, y ensayar modelos alternativos que puedan dar mejor sustento a las comunidades campesinas e indígenas del país, reducir el poder desestabilizador del narcotráfico, así como proveer alternativas terapéuticas a cientos de personas que sufren dolores crónicos, o enfermedades que se ven aliviadas con plantas como la marihuana y la coca.
Porque, tras años de insistir que podremos ganar la guerra contra las drogas, Colombia tiene la palabra en el escenario mundial para decir: a pesar de grandes esfuerzos, de tantos muertos, de tantos ecosistemas destruidos, de la cantidad de recursos invertidos, las organizaciones criminales que producen las drogas siguen ganando, y hay que derrotarlas con enfoques más inteligentes. El país está en posición de promover alternativas, experimentar otros modelos, todo fundamentado en tener al ser humano en el centro: sea el campesino que encuentra en la hoja de coca un medio de subsistencia, o el consumidor que por motivos diversos sufre a diario con un consumo problemático. La cárcel y la represión no son respuestas idóneas para ellos.
Sí a la paz, es sí a repensar nuestras políticas de drogas. Reconocer que hemos fallado es un acto valeroso, demuestra humildad, y además compromiso con aprender de los errores del pasado, y seguir buscando mejores soluciones para los colombianos.
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1. Más allá del costo institucional, difícil de medir y calcular, no se tienen cifras sobre los costos económicos del uso del glifosato como estrategia de erradicación. No se sabe cuánto ha costado asperjar más de 1.8 millones de hectáreas, salvo que durante los últimos cinco años el Gobierno gastó más de 18.417 millones de pesos en la compra de glifosato.
2. De acuerdo, a la respuesta a un derecho de petición radicado ante el INPEC, el mantenimiento anual de una persona en el sistema penitenciario para el 2015 fue de $ 14’033.026.
