Sí a un mejor sistema de justicia

Este aparte realiza, primero, una reflexión sobre uno de los mitos del acuerdo de paz en La Habana, esto es, que la falta de cárcel como sanción por los crímenes cometidos es injustificable. Segundo, describe algunos aspectos positivos que tendrá la implementación del acuerdo en el fortalecimiento de la justicia y la seguridad.

A. La única sanción posible no es la cárcel

En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz se establecerá un Tribunal para la Paz el cual tendrá la capacidad de imponer sanciones diversas dependiendo de la situación particular de los que se acojan a esta jurisdicción. Las sanciones a imponer podrán ser: (i) propias, (ii) alternativas y (iii) ordinarias. Por eso, primero es necesario reiterar que SÍ habrá sanciones y que estas tienen efectos retributivos y reparadores. Las sanciones propias son las que causan mayor prevención en la comunidad, ya que no contemplan la privación de la libertad en una cárcel. En el imaginario social, la cárcel es el único castigo en el que realmente se sanciona al infractor; sin embargo, la cárcel es una forma de sanción posible.

Segundo, las sanciones en el marco de una justicia transicional fruto de un acuerdo entre las partes, deben ser social y políticamente integradoras y restauradoras. Esta finalidad puede cumplirse, por ejemplo, cuando los excombatientes desempeñan tareas productivas para la sociedad y para las comunidades.

Tercero, la cárcel no es el único castigo posible ni el que siempre se utiliza en el sistema de justicia. Su génesis es relativamente reciente. Nació como una respuesta a la crítica de los humanistas a los castigos desproporcionados que recibían los delincuentes, y se veía como una forma de reintegración del individuo en una sociedad cada vez más industrializada. Pero, su efectividad ha sido puesta en duda. Las cárceles están en crisis:

(i) las tasas de reincidencia se mantienen constantes, negando la resocialización efectiva de los delincuentes;

(ii) el número de delitos aumenta de forma progresiva, no alcanzando el efecto disuasivo en la comunidad;

(iii) crea disociación del delincuente, en tanto lo desarraiga social, familiar y laboralmente, haciendo muy difícil su reincorporación a su entorno en la comunidad;

(iv) genera una sub-cultura carcelaria, en donde los sujetos adquieren una conciencia del rechazo social y su condición de estigmatizados, sacando a flote resentimiento y creando redes delincuenciales en el exterior; y,

(v) las cárceles no logran proteger a la comunidad de las personas que delinquen desde ellas mismas.

B. Aspectos positivos de la implementación del acuerdo en materia de justicia y seguridad

1. Política criminal y fortalecimiento del aparato de investigación penal

Una de las mayores deudas en materia de justicia es la falta de adopción de una política criminal coherente y adecuada. La implementación del acuerdo de paz es una oportunidad para contar con dicha política criminal y fortalecer el aparato de investigación penal debido a los compromisos adquiridos en esta materia. Un ejemplo, es la creación de la “Comisión Nacional de Garantías de Seguridad” que permitirá el diseño y seguimiento de políticas que fijen objetivos y mecanismos para desmantelar organizaciones paramilitares o sus sucesoras. De la misma manera, se prevé la creación de una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía para investigar dichas organizaciones y el fortalecimiento de los investigadores que deberán desarrollar esa labor.

2. Desmilitarización de la Policía y lucha contra organizaciones criminales

El conflicto armado ha perpetuado la tendencia de la Policía a militarizarse cada vez más y ha impedido que se pueda discutir seriamente la necesidad de reformar esta institución, cuya naturaleza es civil y no militar. Dicha militarización ha incidido en que la Policía sea en muchos casos represiva, autoritaria y alejada de la población. La firma de un acuerdo de paz con la guerrilla es una gran oportunidad para reformar a la Policía, de modo que se vuelva un organismo civil, respetuoso de los derechos humanos, cercano a la ciudadanía y que verdaderamente resuelva los problemas ciudadanos, antes que los problemas del Estado.

Una Policía de este tipo sería mucho más legítima a los ojos de la población, lo cual aumentaría la prevención del delito y la obediencia a la ley, pues varios estudios muestran una relación directa entre la legitimidad de la Policía y la disposición de los ciudadanos a cumplir la ley y a no cometer delitos. Este tipo de Policía, siempre que la reforma se acompañe de procesos de formación serios, también fortalece la implementación del “Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios” que trae el acuerdo de paz.

Además, la implementación del cuerpo élite al interior de la institución para desarticular organizaciones criminales que surjan después de la desmovilización, fomenta la seguridad. A eso se suma la implementación del instrumento de prevención y monitoreo de organizaciones criminales que permitirá anticiparse a las acciones de dichas organizaciones.