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Sí a la equidad de género


Las mujeres han sido una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. El desplazamiento forzado ha sido el hecho victimizante que más las ha impactado: de los 2.592.500 desplazados registrados por la Unidad de Víctimas en el 2014, el 51% son mujeres, y de la totalidad de víctimas del conflicto armado, el 84% son mujeres desplazadas. 3.000 mujeres han sido víctimas de desaparición forzada, 47.849 de amenazas, 677.543 de homicidio y 4.199 de tortura. Adicional a esto, uno de los delitos que afecta particular y mayoritariamente a las mujeres es la violencia sexual: el 82% de los casos de violencia sexual registrados por el Registro Único de Víctimas fue contra mujeres.

Las concepciones sobre lo que debería o no debería ser o hacer una mujer promovidas por los actores armados, así como los estereotipos, prejuicios y regulaciones que persisten en los contextos de guerra hacen de las mujeres un grupo social vulnerable ante la violencia en la guerra. De ahí que el panorama que muestran estas cifras revele cómo, por las posiciones que han ocupado las mujeres en la sociedad y en sus comunidades, el conflicto las ha afectado y victimizado de maneras particulares y diferenciales.

Aunque los hombres han tendido a ser los que asumen el rol de combatientes, y en este sentido, son la población más afectada por los asesinatos y muertes del conflicto armado, las mujeres han tenido que asumir funciones que las ubican en el centro de la guerra y de la violencia ejercida por los actores armados. Como lideresas y jefas de hogar, por ejemplo, han sido foco de los ataques y han sido sistemáticamente silenciadas y violentadas por oponerse a los órdenes armados. En esta misma vía, y con el fin de enfrentar estos contextos adversos y violentos, las mujeres han encabezado numerosas iniciativas de paz en las regiones, las cuales han fortalecido su tradición de liderazgo y las han posicionado como gestoras de paz en las comunidades –situación que también las ha puesto en la mira de los actores armados-.

A pesar de ser un grupo social ampliamente afectado por el conflicto, las mujeres han tenido una inocua participación en los procesos de paz en el país. Desde el gobierno de Belisario Betancur hasta la actualidad, las mujeres han representado apenas el 3,6% de los firmantes de los acuerdos entre el gobierno y los actores armados, lo que quiere decir que los pactos establecidos entre las instituciones y los grupos armados se han establecido sin la voz, opiniones y perspectivas de las mujeres, víctimas diferenciadas y mayoritarias del conflicto.

¿Por qué votar sí en el plebiscito?

El actual proceso de paz en Colombia es el primero del mundo en crear una Subcomisión de Género encargada de regular y garantizar que los acuerdos de fin del conflicto se construyan desde la perspectiva de género y de derechos de las mujeres. De igual manera, de los 10 plenipotenciarios dos fueron mujeres: Nigeria Rentería, quien en ese momento ocupaba el cargo de Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, y María Paulina Riveros, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Nigeria Rentería renunció a su cargo para presentarse como candidata a la gobernación del Chocó y fue reemplazada meses después por la Canciller María Ángela Olguín. Adicionalmente, de las 60 víctimas que asistieron a la Habana para contribuir en el diseño del punto de víctimas del acuerdo, el 60% fueron mujeres. Todavía hace falta avanzar más pero este proceso es el que más ha tenido un reconocimiento del papel de las mujeres víctimas en el conflicto y un compromiso con diseñar acuerdos desde su experiencia y sus voces.

Esto se ve reflejado, principalmente, en tres etapas de lo acordado: las que se refieren a la verdad, la justicia y la reparación.

1.Verdad: el acuerdo establece la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, encargada de investigar y documentar la verdad del conflicto armado. El acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno estipula la aplicación del enfoque de género en este punto, lo que garantizará que la verdad dé cuenta de la manera como las mujeres han sido victimizadas por el conflicto, y al mismo tiempo, visibilice las diferentes estrategias que han adoptado para superar la guerra y enfrentarse a los órdenes promovidos por los actores armados y la guerra. Esclarecer la verdad del conflicto desde el enfoque de género es un compromiso con la justicia: la realidad de las mujeres en la guerra no puede seguir siendo silenciada o invisibilizada; es parte central de entender el conflicto y sus lógicas, y no puede ser pasada por alto en el establecimiento de la verdad. Sin esto, una parte central del conflicto quedaría sin esclarecer y las mujeres seguirían siendo revictimizadas, al ser confinadas al silencio y la invisibilización..

2.Justicia: no es cierto que el acuerdo de paz pactado en la Habana sea una fuente de impunidad. En lo que respecta a la realidad de victimización de las mujeres, la Justicia Especial para la Paz, establece que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad como parte del conflicto no podrán beneficiarse con el indulto. La violencia sexual, delito que afecta mayoritariamente a las mujeres, es reconocida como un crimen de lesa humanidad, por lo que quienes se reconozcan como los principales responsables de este delito deberán someterse a las penas que la JEP establezca para ellos.

3.Reparación: el acuerdo de participación política pactado en la Habana promueve el fortalecimiento y empoderamiento de los movimientos sociales, y las garantías para que los grupos tradicionalmente excluidos de los escenarios de poder político puedan participar activamente en el diseño de las políticas de los post acuerdos. Esto incluye a los movimientos de mujeres, lo cual representa un reconocimiento de las voces y experiencias de las mujeres como legítimas en la construcción de paz y en el diseño de las políticas que las afectan directamente como víctimas mayoritarias del conflicto. Al hacer esto, el acuerdo de participación política busca corregir el silenciamiento histórico de las mujeres de los escenarios de toma de decisión política. La cifra del 3,6% no puede seguir siendo la constante colombiana. El acuerdo de paz actual brinda las condiciones para cambiar este panorama, al permitir a las mujeres ser constructoras de las políticas que las afectan. Con el acuerdo, en últimas, se fortalece nuestra democracia, pues se tienden a eliminar los obstáculos y barreras que les han impedido a las mujeres participar en política en igualdad de condiciones.


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